Basta tomar como ejemplo solamente al caso de la televisión digital terrestre (TDT) para medir la desidia oficial y la total falta de políticas regionales comunes. Brasil es el único ejemplo de compromiso sobre una cuestión que debería haber tenido otro nivel de importancia para los Gobiernos latinoamericanos.
Mientras el Primer Mundo y buena parte de Asia ya tienen avanzado el entierro de la TV analógica, la América de lengua española, víctima de administraciones con políticas cortoplacistas, ni siquiera ha decidido la norma técnica, con las excepciones de México, Uruguay y Colombia. Estos dos casos no sirven como ejemplo: la decisión de México ha sido motivada por la dependencia que la une a Estados Unidos (y a su estándar ATSC) y no por conveniencias ni conclusiones técnicas; la decisión de Uruguay, en tanto, todavía no ha sido explicada, ni en el aspecto técnico ni políticamente.
El caso más patético, por su importancia y potencial, es el de Argentina. También es preocupante lo que ocurre en Venezuela, Ecuador y Bolivia, en donde políticas populistas amenazan el futuro de todo su arco de telecomunicaciones (la televisión pagada ya pertenece a esta clasificación). Perú y Colombia son dos mercados castigados por la inoperancia de sus gobernantes. Chile es, junto a Brasil, otro de los países que ha podido escaparle a la impronta oficial, ante todo por contar con Gobiernos –en lo que va de esta década- más concientes de la importancia del revolucionario tiempo que viven las comunicaciones. Paraguay y Bolivia, en todos sus rincones, sufren las consecuencias de administraciones violatorias del Bien Común; y las telecomunicaciones y las comunicaciones no han salido indemnes. Centroamérica también ha sido víctima de sus gobernantes, que han fomentado monopolios telefónicos (sean oficiales o privadas) y han desmotivado la inversión privada local o internacional.
La TV por suscripción se ha visto en todo el mundo invadida por empresas que históricamente basaron sus modelos de negocio en la telefonía. América Latina no es una isla: los capítulos más recientes de este negocio tienen como actores fundamentales a las dos Telcos más poderosas en el territorio, Telefónica y Telmex. Ellas marcan el paso en casi toda la región. En donde todavía no han podido entrar, ambas pugnan por hacerlo. El futuro es previsible: Salvo algunos grupos que ya llevan años en el sector de la TV de pago, como Globo, Televisa y Clarín, tanto Telefónica como Telmex serán dominantes en el corto plazo. Todos los mercados van inevitablemente a una concentración en manos de los más fuertes. Uruguay y Paraguay, que han mantenido blindadas sus telefonías fijas, están también en el foco de ambas Telcos. En TV paga, sólo Clarín, entre los grupos extranjeros de peso, ha logrado un espacio de importancia en ambos mercados.
ARGENTINA.
En un momento histórico a nivel mundial, en medio de la primera etapa del cambio de paradigmas, en horas en que el mundo desarrollado entierra la era analógica para parir la digital, el Gobierno argentino muestra una parálisis casi total, complicando por completo el normal desarrollo del sector. El país parece no estar viviendo ese tiempo. No hay política de telecomunicaciones acorde a los tiempos. No la hay tampoco en telerradiodifusión. No existe una intervención gubernamental interesada realmente en enrutar la transición analógica-digital. No se ve intención alguna en reordenar el espectro. No se observan discusiones parlamentarias sobre el futuro de las comunicaciones del país. No hay debates públicos. No hay esfuerzos puestos en el terreno de la competencia entre los medios. ¿Alguien defiende la libre y justa competencia? ¿Qué hay sobre el control de los grupos que tienen un poder desequilibrante? ¿Quién defiende a los consumidores?
Hace 31 años, la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, creó una ley de radiodifusión. Después de un cuarto de siglo de democracia, todavía permanece como letra referencial. Todos los gobiernos elegidos por el pueblo que estuvieron en el poder desde entonces usaron a su arbitrio las comunicaciones, sin enterrar esa legislación. La intervención oficial en cada una de las áreas siempre tuvo como propósito el uso del bien público como bien de cambio para obtener réditos propagandísticos. Resultados: una opinión pública desflorada y medios privados engordados de poder por el Poder mismo. La gestión de los Kirchner –la de Néstor y la de su esposa ahora- no ha tocado el statu quo: Lo ha aprovechado en toda su magnitud el presidente en la primera gestión e intenta extenderlo la presidenta en este nuevo periodo.
Una muestra clara de que cada iniciativa para normar cualquier sector telecomunicacional persigue un fin político ha sido el proyecto de ley que preparan desde el ejecutivo. La propuesta de nuevo reglamento para la telerradiofusión no busca en esencia un beneficio para el ciudadano que quiere libertad de opinión y de prensa; el móvil del proyecto, por lo poco que ha trascendido, es debilitar principalmente el espacio de poder del principal grupo de medios del país, Clarín, ahora convertido en crítico de la gestión de los Kirchner. Semejante animosidad no lastima la libertad de expresión, porque no hay grupo multimedio que la represente lealmente: Cada uno, salvo muy contadas excepciones, ha llevado agua a sus molinos en la relación con el Gobierno. Lastima sí, una vez más, a la población que sigue recibiendo una información maculada por intereses públicos-privados. Lastima también comprobar el desprecio ilimitado que tiene la administración actual por el momento histórico que viven las comunicaciones.
IMPACTO EN LA TV DE PAGO
A punto de iniciarse una nueva edición de un clásico de la televisión paga de las Américas, las Jornadas de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, el caso argentino merece un espacio diferencial. Pese a continuar siendo el mercado más desarrollado en cuanto a distribución, en la ecuación clientes-potencial-población, ha quedado estaqueado tecnológica y regulatoriamente por la desaprensión oficial. El mercado está desequilibrado como consecuencia: Multicanal y CableVisión ya son vistas por la industria en general como un matrimonio indisoluble, pese a que el Gobierno ha echado mano, como venganza por la reacción en su contra del Grupo Clarín, a una cláusula que tiene en ascuas legales a la unión. Apenas asumida Cristina Fernández, el Gobierno avaló la fusión de los dos principales MSOs argentinos, cuestionada por gran parte del arco de medianos y pequeños operadores de TV de pago. El guiño a favor del Tribunal de Competencia Nacional, que para los analistas tuvo una lectura de pago de favores por parte de los Kirchner, fue el primer capítulo; el segundo, por razones todavía desconocidas, el juego de alianzas entre medios y administración nacional tuvo un cisma; en el caso de Clarín eso ha sido evidente en la línea editorial elegida, que no ha resultado del agrado del matrimonio gobernante. De momento, y hasta tanto no aparezca una herramienta contundente en su contra, la unión de Multicanal con CableVisión está vigente. También el poder de Clarín, dueño de ese activo en TV pagada junto a otra operación que va ganando espacio, Teledigital. Fuera de Supercanal, una empresa que tiene su centro de operaciones en la zona del Cuyo y que está herida financieramente desde hace muchos años, y de DirecTV, que ha encontrado serias dificultades para crecer en el país, solamente Telecentro, la compañía creada por un ex legislador nacional peronista, Alberto Pierri (con actuación en los tiempos del ex presidente Menem) con operación en el Gran Buenos Aires y en la Capital Federal, -la primera en ofrecer Triple Play en la zona más poblada del país- puede hacerle algo de sombra en el futuro próximo, precisamente por haberse adelantado en telefonía al conglomerado principal. El resto de pequeñas y medianas empresas de TV por cable están muy por debajo del poder que concentran Multicanal y CableVisión.
¿Qué puede pasar en ese campo desigual? Nada importante, al menos en el corto plazo. Las PyMes del mercado nacional están obligadas a invertir para completar su oferta triple. No hay más chances. La variante DTH podría llegar a revivir si el Gobierno le abre la compuerta a Telefónica para dar TV, algo completamente probable si se tiene en cuenta la indecorosa postura política del Gobierno nacional, siempre dispuesto a negociar. Si se aplicara la más estricta lectura de la reglamentación de privatización de las telecomunicaciones, las incumbentes de telefonía fija, Telefónica y Telecom, no podrían lanzar televisión, cualquiera sea su forma. De allí la sensación de que en el país no habrá desarrollos IPTV, por lo menos no en el corto plazo. Con tan semejante contexto, no hay que ser un iluminado para asegurar que el negocio está apagado en el territorio con los hogares más interesados por televisión por suscripción en toda América.
Un gigante que desequilibra (Multicanal-CableVisión), una competencia que recién intenta salir de la sombra financiera (Supercanal); un prestador local Trilple Play que crece pero demasiado distante todavía del poder alcanzado por las dos grandes (Telecentro); un grupo de cableoperadores del interior argentino unidos en la Red Intercable, de estrecha relación con la empresa dominante del sector; un DTH que tiene serias limitaciones para crecer; operadoras medianas y pequeñas ensombrecidas por la competencia de Clarín y de las cooperativas telefónicas de las provincias; y Telcos limitadas e imposibilitadas por completo, por ahora, a meterse en el negocio de televisión y demasiado dominantes todavía en telecomunicaciones al tener en sus manos las interconexiones. Tamaña situación tiene atrasado tecnológicamente al país en el terreno audiovisual. La incapacidad oficial es tan evidente como lo es su desinterés por acelerar el desarrollo de la televisión digital terrestre (TDT).
Ese es el panorama que encontrará en el país quien llegue a las Jornadas 2008 de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). Sorprende, y no gratamente, la elección de temas para un evento que conociera la gloria en los años noventa, rector de la TV paga en toda América Latina.
“Marcos Regulatorios para el progreso de la industria: reglas para desarrollo social, pluralidad e inversión”, “La Televisión por Cable: nuevos horizontes para la industria y los usuarios”, y “El Cable: un instrumento de democratización y aporte a la calidad institucional”, han sido las únicas problemáticas elegidas en la ocasión para debatir. Este tipo de oportunidades o convocatorias deberían ser mejor aprovechadas con debates intensos y con la participación de todo el arco de actores del mercado y la intervención de las propias autoridades. Por lo general, la ATVC (concentración de cableoperadores políticamente dirigidos por el Grupo Clarín) en los últimos años ha parcializado las discusiones, llevando al atril de las Jornadas a defensores de sus propios intereses, que son solamente los de una parte del mercado, y a un panel variopinto, muy limitado para exponer con objetividad los grandes, medianos, y pequeños operadores del país.
CONVERGENCIA Y REGLAMENTOS NO VAN DE LA MANO
En la misma línea política de Argentina -que sufre las consecuencias de una administración que sobrevive con sus prácticas populistas y dádivas a los sectores carenciados, explotando y a la misma vez ignorando la importancia de los sectores productivos y la necesidad de reglas de juego más convenientes -intra y extramuros- se encuentran Venezuela, Ecuador y Bolivia.
VENEZUELA.
Fuera de las diferencias sustanciales entre unos y otros, los efectos sobre los desarrollos de este periodo telecomunicacional tendrán sus parecidos. Las reestatizaciones, el control de los medios y su desconfianza por el sector privado anidan por igual entre estos gobiernos. Venezuela, que en el periodo pre chavista vio cambiar la realidad de los negocios de telecomunicaciones, con empresas pujantes, como la Intercable (hoy Inter), apalancada por el fondo Hicks, Muse, Tate & Furst, sobre la base de una reglamentación que permitía el libre juego y la competencia, corre serios peligros de atrasarse tecnológicamente ante la poco atractiva perspectiva que tiene el sector para la inversión privada nacional y extranjera. Un claro ejemplo es la reestatización de la CANTV, decidida hace un par de años, cuando era 100% privada, a sumarse al negocio de la TV por suscripción, y ahora sumida en otros objetivos. Otra señal de preocupación para el sector la ha dado el propio Gobierno al aceptar que tiene pretensiones de controlar a la prensa de forma “total”.
ECUADOR.
Este país ha visto una intromisión sin precedentes de la autoridad presidencial en empresas privadas de televisión de TV paga, entre ellas la líder del mercado, TV Cable. Las perspectivas en este caso lejos están de ser halagüeñas por la situación especial del mercado de telefonía. Las dos incumbentes de telefonía fija, Andinatel y Pacifictel, pertenecen al Gobierno, y TV Cable es una de las amenazas más serias que tienen ambas por ser un jugador Triple Play. Un ejemplo de lo que puede pasar en el negocio de TV de pago lo está dando la maniobra del Gobierno en telefonía móvil: Pacifictel, la compañía estatal de telefonía fija en la costa, gestiona para octubre su unión a Andinatel, con gestión en la sierra andina, y a Alegro, la única pública de servicio móvil, para competir con la empresa de Telmex, Porta, y Movistar, de Telefónica. ¿Cómo impacta esto en el humor de las empresas privadas teniendo en cuenta el precedente de expropiar compañías si lo considerara necesario y “justo” de la administración del presidente Correa?
BOLIVIA.
La nación más atrasada en desarrollos de telecomunicaciones y tecnologías de América Latina, no mejorará con la administración de Evo Morales, si se tienen en cuenta los planes trazados por el presidente justamente para esta época que requiere todo lo contrario: es decir, mucha seriedad, menos actuación oficial y más seguridad para la inversión privada, y compromiso de apertura para poder explotar la convergencia tecnológica.
PARAGUAY.
Aunque con presidente nuevo –y determinado, según lo ha confesado, a enterrar las prácticas corruptas de décadas y décadas del Partido Colorado-, Paraguay está lejos de ser un campo atractivo para las nuevas telecomunicaciones. Solo un milagro, como por ejemplo, la firme determinación gubernamental de abrir la competencia, sacándola de la órbita oficial -que ha frenado a todo el sector- y promoviendo leyes seguras para las inversiones privadas, podría cambiar el panorama del país más empobrecido de la región.
URUGUAY.
No por posibilidades –por potencial y una economía más sólida que las de sus pares citados- Uruguay es un caso especial. Han sido demasiados los años de contubernio de Gobiernos con sectores de poder, como medios de comunicación, y también demasiadas las consecuencias de reglas de juego divorciadas del progreso tecnológico. La televisión pagada, por ejemplo, tuvo un nacimiento nada conveniente, bajo sospechas de concesiones interesadas de la administración Lacalle a cambio de favores “propagandísticos”. Numerosos candidatos a concesionarios denunciaron la adjudicación de los principales permisos de operación de TV paga a los tres principales canales abiertos privados, que luego terminaron justificando la acusación de monopolio al unir sus operaciones bajo una misma administración, la de la empresa Equital. Los efectos de aquella entrega de permisos en los años noventa todavía son visibles en la actualidad. También son evidentes los efectos de una operación cerrada de telecomunicaciones controlada por el Estado. La falta de escala del país y la decisión oficial de mantener bajo su órbita el control de la incumbente (Antel) hizo al uruguayo un mercado de telecomunicaciones y de TV paga “poco apetecible y muy cerrado”, de acuerdo al punto de vista de analistas nacionales del sector.
PERÚ.
Este mercado es Telefónica en el negocio de telefonía y es Telefónica en televisión de pago. Y cuando esto ocurre, que una única empresa privada, y además extranjera, domine un mercado, queda en evidencia alguna manifiesta inacción gubernamental. Los peruanos han sufrido esa incapacidad de sus administradores para blindar espacios hasta tanto se trazaran políticas acordes al nivel de desarrollo de las comunicaciones. Para suerte del grupo español, los gobiernos peruanos fallaron por desinterés o ignorancia por la problemática en algunos casos, y por corruptos, en otros, como la presidencia de Alberto Fujimori. Y ahora ya es demasiado tarde para hacer regulaciones que abracen equilibradamente la convergencia (léase falta de interés de otros conglomerados internacionales, lo que favorecería al consumidor final, hoy sin opciones a la hora de elegir prestador).
COLOMBIA.
Este es un caso más en el que Estado aporta irracionalidad. A la privatización de la telefonía fija, sin fijar claros límites de competencia, se le sumaron largos periodos de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) sobreactuando con una cantidad récord de reglamentaciones para la actividad de la TV por suscripción. Consecuencia: El poder de compañías de teléfono, extranjeras con intereses en el país o nacionales, ha dejado desguarnecidas a las empresas de los otros sectores de las telecomunicaciones, como el de la TV de pago, prácticamente engullidas o a punto de ser controladas. Un organismo como la CNTV, cuyo objetivo al ser creado fue el de regular con equilibrio todo el campo de la televisión, ha resultado especialmente desafortunado a la hora de fijar reglas de juego. A lo largo de su actuación ha puesto tantos palos en la rueda del inversor privado local de TV por suscripción “formal” que los ha desgastado. Su propensión a multiclasificaciones sumamente originales como “operadores informales”, “satelitales”, “de antena regionales”, entre otros, no hizo más que multiplicar las dificultades de la inversión formal -presa de cargas impositivas que sus competidores no formales eludían-, promoviendo la actividad por fuera de las reglas en todo el territorio nacional. Con ese panorama, el mercado naufragaba, siempre bajo el seguimiento extraviado de la CNTV, hasta que llegó Telmex y tomó el mercado a su antojo. Hoy las telecomunicaciones tienen a dos poderosos extranjeros al frente, Telmex y Telefónica, y a dos Telcos locales, UNE (EPM) y ETB, que deben jugar cartas agresivas para no desaparecer en este mercado desnaturalizado por la errática intervención-desintervención oficial. Ahora, desde la administración del presidente Uribe se ha confirmado la asignación de cinco licencias nuevas para el mercado de TV por cable en la que estarían interesados, según publicitan varios medios, Televisa, Emcali, ETB, Inversiones Filigrana; Digital Comunication Systems, empresa estadounidense de inversiones; la Empresa Regional de telecomunicaciones del Valle del Cauca; Diayuhit, y Dragon Media. ¿Con semejante concentración del Triple Play en el país, y con un potencial de clientes nada interesante, con tanta historia de informalidad, qué suerte pueden correr los nuevos operadores?
MÉXICO.
A la hora de mencionar los mercados más desequilibrados por la intervención estatal, el de México ocupa un espacio importante. La impronta de Telmex está por todos lados en el país, fundamentalmente por obra y gracia de un gobierno nacional. El inmenso poder acumulado por el grupo de Carlos Slim ha dejado un mercado de telecomunicaciones desvirtuado y a la población mexicana con las tarifas más elevadas del mundo. Ahora todo parece haber cambiado pero en realidad las expectativas de nuevos tiempos no tienen pronóstico con un buen final para el consumidor pero sí para los grupos de telecomunicaciones más poderosos. La administración Fox abrió el juego para los nuevos actores, principalmente a las cableoperadoras de todo México –habilitándolos para ofertar telefonía- y a sus Telcos regionales –para dar TV con un aliado-, pero le dejó entreabierta la compuerta a Telmex. La gran Telco podría dar TV una vez que abriera la interconexión, interoperabilidad de redes, y portabilidad numérica a todos sus potenciales competidores. Ese condicionamiento es esencialmente ilegal: la Ley, que fue escrita para ser respetada, inhabilita a Telmex la oferta de TV hasta bien entrada la próxima década como compensación a tanto tiempo de monopolio pero no prohíbe a las nuevas operaciones el aprovechamiento de las mieles de la convergencia. La nueva reglamentación, sin embargo, fue benévola con la empresa de Slim. Aún así, con tamaño beneficio, Telmex ha demorado las interconexiones y el beneficio de la portabilidad numérica a las cableras, retrasando las flamantes ofertas Triple Play. El gobierno de Calderón, tibiamente, ha puesto límites a esos entorpecimientos pero no ha exigido el cumplimiento estricto de las reglas fijadas cuando se privatizó el servicio de telefonía básica. A cualquier analista medianamente avispado no puede escapársele qué sucederá en el futuro de las telecomunicaciones mexicanas. Telmex frenará antes del cierre de 2008 o en los inicios de 2009, su pérdida de abonados, provocada por la oferta triple de las operadoras de cable, con agresivas ofertas, una vez que comience a ofrecer TV multicanal, comenzando por DTH, inicialmente junto a Multivisión, o por IPTV el próximo año. En este tiempo, y por la nueva reglamentación de apertura, ha surgido con fuerza Televisa en Triple Play con una oferta multiservicios, a través de sus nuevas controladas, Cablemás, la segunda en fuerza del país en TV por cable (después de Megacable); Televisión Internacional (TVI) de Monterrey, y de Bestel, Telco dueña de la segunda red en importancia a nivel nacional. Si se tiene en cuenta sus otras propiedades en TV pagada, Cablevisión y Sky (compartida con DirecTV), Televisa ya es un gigante de proporciones para lidiar con su ex socio Telmex en el nuevo tiempo de las telecomunicaciones. ¿Qué será del futuro de los restantes grupos ante tamaña concentración? Es la gran pregunta por estos días en un país que ha sufrido históricamente el poder de los medios y servicios de comunicación concentrados en muy pocos.
CHILE.
La historia chilena de telecomunicaciones ha tenido trazos muy imperfectos, permitiendo concentraciones nada atractivas para la competencia. Pese a ello logró, gracias a la necesidad de ofertar televisión de las grandes Telcos internacionales, más que por revisiones regulatorias domésticas, construir un mercado con una importante participación de operadores. Hoy hay tres grupos (VTR, Telefónica y Telmex) que pelean sin cuartel en el terreno del Triple Play (en poco tiempo más será QuadPlay), en un ambiente de negocios apto, con una economía estable y con un Gobierno que apoya la actividad privada.
BRASIL.
En un ambiente similar pero con muchas más expresiones de aprovechamiento de la convergencia tecnológica se desarrolla el negocio en Brasil. El más reciente Expo Congreso de ABTA mostró con claridad la gran distancia que hay con el resto de los países del territorio en cuanto a debates y búsquedas de soluciones a los desafíos que plantea el progreso tecnológico. El proyecto de ley 29/2007, que se impulsa desde el Congreso encuentra al arco de actores de la TV por suscripción muy comprometido y poniendo límites a los intentos de legisladores de trazar reglas agresivas para el negocio. Brasil es hoy el adelantado latinoamericano en regulación específica para la TV para abonados, en TDT, en HDTV, en digitalización de redes de TV por cable, en desarrollos WiMax, en la reinvención del MMDS, como laboratorio de experiencias de DTH con WiMax. A diferencia de la mayoría de sus pares de la región, este país cuenta con un gran potencial todavía en las clases AB y fundamentalmente en la C, el gran objetivo al que apuntarán buena parte de los operadores el próximo año. Ese potencial es un aliciente para las pequeñas y medianas empresas regionales, teniendo en cuenta que los grandes grupos han elegido como campo de interés a las grandes ciudades, Sâo Paulo principalmente. El desafío para todo el sector por estos días lo plantea el PL 29: Son muchos los artículos críticos para el mercado que son rechazados por las empresas.
Se estima entonces que la conciliación de intereses demandará varios meses más para consensuar un texto que ya ha sido retocado reiteradas veces.
Fuente: http://www.todotv.tv
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